Asimismo, PBI Honduras se suma a las expresiones de grave consternación ante la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, altamente militarizadas, y el numero de víctimas reportadas en este contexto.
El 26 de noviembre de 2017 se celebraron elecciones generales en Honduras. Cuatro semanas después, el 18 de diciembre, con una ventaja de cerca de 50 mil votos sobre Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura (Libre-PINU), Juan Orlando Hernández (Partido Nacional) fue declarado presidente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) 1 . La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) observó irregularidades durante el proceso, que llevaron a la Secretaría General de la OEA a plantear la repetición de las elecciones2.
Desde el inicio, numerosas acciones de protesta han tomado lugar en todo el país para exigir un proceso electoral transparente y resultados fiables. Como respuesta, el 1 de diciembre, el gobierno de Honduras declaró el estado de excepción y decretó la suspensión de garantías constitucionales. En un mes, organizaciones sociales han registrado 30 ejecuciones —21 a manos de la Policía Militar de Orden Publico (PMOP)—, alrededor de 232 personas heridas y 1085 detenidas3 . Por su parte, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) han hecho llamados al Estado de Honduras a garantizar el derecho de manifestación pacífica, así como todos los derechos fundamentales de las personas.
Desde el 26 de noviembre de 2017 al 21 de enero de 2018, PBI Honduras ha registrado 35 incidentes sufridos por personas defensoras de derechos humanos, comunicadores y periodistas. La mayoría de los incidentes reportados se refieren a personas u organizaciones que cuentan con medidas de protección del SNP o son beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH por partes de los cuerpos de seguridad del Estado durante protestas. Otro de los ataques más frecuentes han sido allanamientos, tanto a viviendas privadas como a sedes de organizaciones. Cabe señalar que organizaciones de la sociedad civil han denunciado también fuertes campañas de desprestigio en su contra, así como la falta de respuesta por parte del Sistema Nacional de Protección (SNP) en este contexto . La mayoría de los incidentes reportados se refieren a personas u organizaciones que cuentan con medidas de protección del SNP o son beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH. […]
MÁS INFORMACIÓN EN: PBI ALERTA NÚM. 8 – 2 0 1 8, 22 de enero de 2018
