Los territorios indígenas, violentados y esquilmados desde la época colonial y especialmente durante el Conflicto Armado Interno (CAI), se siguen violentando en la actualidad, hoy bajo la forma de megaproyectos agroindustriales, extractivos y energéticos, sin respecto a las normativas internacionales y nacionales que protegen los DDHH y los Derechos de los pueblos indígenas ratificados por Guatemala, y con una ausencia clara de normativas a nivel nacional. La concentración de poder y recursos por parte de élites nacionales y, en las últimas décadas, oligopolios internacionales con el apoyo de las élites nacionales gobernantes (corrupción/ cooptación/ captura corporativa del Estado), junto con las políticas neoliberales implementadas y la reducción del papel del Estado, golpea a la sociedad guatemalteca en general pero especialmente a los pueblos indígenas. Todo esto queda de manifiesto cuando se visibilizan las desigualdades a través de indicadores con un enfoque territorial (IDH, vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, desnutrición crónica, educación, etc.), donde se ve claramente que las zonas de mayor concentración de población indígena son las zonas más afectadas por las desigualdades.
La presente propuesta se focaliza en abordar tres problemáticas de la población maya de los departamentos de Huehetenango, Alta Verapaz y El Quiché: 1) La vulneración del derecho al territorio, a la tierra y a los recursos naturales, debido a la desigual distribución de la tierra, con el no reconocimiento de las tierras colectivas y la actual propuesta de reordenación del territorio acorde a intereses de la industria extractiva, la producción de energía y los monocultivos, 2) la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada, a pesar de haber firmado Guatemala el Tratado 169 de la OIT, y que condiciona el derecho a determinar su propio desarrollo, y 3) la lucha por la justicia y contra la impunidad, en relación al resarcimiento y recuperación de la memoria histórica de las comunidades indígenas especialmente afectadas por el CAI.
El Objetivo Específico del proyecto es Fortalecer en su acción a los sujetos políticos colectivos, defensoras y defensores de derechos de tierra, agua, justicia y territorio, ubicados al norte de los departamentos de Huehuetenango, El Quiché y Alta Verapaz.
La cobertura geográfica del proyecto se extiende a 238 comunidades o caseríos rurales, con una población participante de 1.262 personas (596 mujeres y 666 hombres) y como población beneficiaria indirecta el resto de población de las comunidades, es decir 407.975 personas (207.515 mujeres y 200.460 hombres).
La lógica de intervención se ha estructurado junto a las comunidades en base a 3 resultados:
- Analizado y difundido colectiva mente a nivel nacional, regional, comunitario e intercomunitario el proyecto histórico y actual de despojo y poder, ajeno a formas culturales y de vida del territorio de acción.
- Desarrollados instrumentos para la incidencia social y política a nivel local, regional y nacional en relación a la reconstrucción y recuperación de la memoria colectiva y en la búsqueda de la propia autonomía y soberanía alimentaria desde la cosmovisión maya.
- Facilitado el trabajo y las acciones de incidencia por parte de las comunidades, organizaciones y actores sociales que reciben ataques por su trabajo de recuperación de la memoria colectiva, la búsqueda de justicia por crímenes del pasado y la defensa del territorio.
Se desarrolla en consorcio con Brigadas Internacionales de Paz Estado Español y con las organizaciones socias Asociación Civil El Observador, Fundación Guillermo Toriello, Iniciativa por la Memoria Histórica y Brigadas Internacionales de Paz Guatemala.
El proyecto inició el 15 de agosto de 2020 y finalizará el 14 de agosto de 2022.
Es presupuesto total del proyecto es 643.503,43 € de los cuales la Generalitat Valenciana en su convocatoria 2019 aporta 509.175,03 €.
