25 de septiembre de 2020. Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) han estado vacíos durante meses, periodo en el que no se han llevado a cabo internamientos ni expulsiones, demostrando una vez más que no son necesarios en el marco de la gestión migratoria. Sin embargo, esta tregua ha durado poco y el Gobierno ha ordenado privar de libertad a personas en estos centros, poniendo otra vez en funcionamiento estas instituciones disfuncionales que distan de ser lugares con garantía de derechos y condiciones de vida digna.

Llevamos años denunciando las deficiencias estructurales y de servicios graves que presentan todos los CIE de España, que además de incumplir la normativa y diferentes disposiciones judiciales, imposibilitan el cumplimiento de las medidas sanitarias adecuadas a la situación de emergencia en la que todavía nos encontramos y que hacen que el internamiento en estos momentos sea no sólo injusto sino insalubre e inseguro.

Cuando comenzó la pandemia advertimos al Ministerio de Interior sobre los riesgos de contagio que implicaba mantener a personas retenidas en los CIE. Finalmente, en los últimos días de marzo dos jóvenes migrantes recién llegados en patera y encerrados en el Centro de Barranco Seco, en las Islas Canarias, se contagiaron de coronavirus por un enfermero que trabajaba allí y en un centro de salud de la zona. Durante este tiempo, no se han llevado a cabo reformas de ninguna naturaleza que hayan supuesto un cambio en las condiciones de internamiento para que ahora se entienda que sí se garantizan los derechos más básicos.

Los CIE son espacios de gestión policial opaca, llena de irregularidades y que deja desamparadas a las personas que son encerradas detrás de sus muros. Ahora se anuncia una estrategia clara, que persigue internar a personas recién llegadas en pateras de nacionalidad argelina y marroquí o que llegan de Mauritania. Una vez más, se refleja el uso de los CIE como una herramienta de la gestión migratoria, utilizando el internamiento para la deportación allí donde es crucial la correcta identificación de personas con necesidades especiales de protección.

Por todo ello,

  • Apelamos a la responsabilidad de las autoridades competentes para que tomen medidas adecuadas para garantizar todos los derechos de las personas migrantes en España con independencia de su situación administrativa.
  • Exigimos la clausura de todos los CIE y el fin del internamiento por ser una medida desproporcionada e injusta, de escasa garantía constitucional, con un indudable carácter hostil y represivo, siendo una mancha en un Estado de derecho.
  • Igualmente, hacemos un llamamiento para que se acabe con las deportaciones racistas y discriminatorias, con el encierro durante 72h en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), que actúan como extensiones de comisarías, que son espacios que ni siquiera cuentan con desarrollo normativo propio, y nos sumamos a las reivindicaciones recogidas en la campaña #RegularizacionYa

Junto con otras entidades que también trabajan para la protección de los derechos humanos pedimos el desmantelamiento de las políticas inhumanas de internamiento, devolución y expulsión. Apostamos por una reforma migratoria integral, que incluya el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones para evitar tanto sufrimiento inútil, a la par que exigimos políticas que promuevan la acogida digna.