Los dos elementos anteriores, pobreza extrema y violación de derechos con énfasis en las poblaciones rurales e indígenas y entre ellas, las mujeres, han allanado el camino a la irrupción de una problemática específica en los territorios indígenas y campesinos. Nos referimos a la expansión de un modelo económico basado en la explotación intensiva de los recursos naturales del país, una explotación que se da en el marco de la legislación insuficiente y de unos sistemas que no garantizan el libre ejercicio de los derechos de las personas que habitan los territorios objetos de explotación.
De entre todas estas personas, aquellas que se involucran explícitamente, a través de la representación de los intereses de la población en sus organizaciones comunitarias de base y/o a través de la participación en organizaciones locales de defensa del medio ambiente y el territorio, denominados defensores y defensores de DDHH (DDH) o defensores y defensoras del territorio son las que están sufriendo, los impactos, las amenazas y agresiones en su cuerpo y en su vida, de forma más violenta y directa.
Entre estos impactos se destacan: afectación a la salud y al medioambiente como resultado de la contaminación; la pérdida de tierras indígenas y los daños a su propiedad y viviendas; la respuesta desproporcionada ante actos de protesta social legítima, y el hostigamiento y ataques a defensores/as de derechos humanos y líderes/esas comunitarios/as.
