Los bajos indicadores de desarrollo, con altos niveles de pobreza y una incapacidad del Estado para afrontar las reformas y la aplicación de unas políticas de desarrollo adecuadas para el país, unidas a la enorme desigualdad interna, donde la población indígena soporta situaciones de pobreza extrema y unos indicadores de desarrollo equiparables a los países menos adelantados, justifican sobradamente la consideración de Honduras y El Salvador y una parte significativa de su población como receptores de AOD. A esta situación cabe añadir la debilidad del Estado en materia de gobernabilidad y los altos índices de impunidad y violación de los derechos de su ciudadanía. El incremento de los casos de violación de derechos y la debilidad de las estructuras gubernamentales para su defensa confiere además a este sector de intervención una priorización evidente.
Los dos elementos anteriores, pobreza extrema y violación de derechos con énfasis en las poblaciones rurales e indígenas y entre ellas, las mujeres, han allanado el camino a la irrupción de una problemática específica en los territorios indígenas y campesinos. Nos referimos a la expansión de un modelo económico basado en la explotación intensiva de los recursos naturales del país, una explotación que se da en el marco de la legislación insuficiente y de unos sistemas que no garantizan el libre ejercicio de los derechos de las personas que habitan los territorios objetos de explotación.
De entre todas estas personas, aquellas que se involucran explícitamente, a través de la representación de los intereses de la población en sus organizaciones comunitarias de base y/o a través de la participación en organizaciones locales de defensa del medio ambiente y el territorio, denominados defensores y defensores de DDHH (DDH) o defensores y defensoras del territorio son las que están sufriendo, los impactos, las amenazas y agresiones en su cuerpo y en su vida, de forma más violenta y directa.
Entre estos impactos se destacan: afectación a la salud y al medioambiente como resultado de la contaminación; la pérdida de tierras indígenas y los daños a su propiedad y viviendas; la respuesta desproporcionada ante actos de protesta social legítima, y el hostigamiento y ataques a defensores/as de derechos humanos y líderes/esas comunitarios/as.
Parte de esta desprotección se deriva del incumplimiento por parte de los Gobiernos del Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales que obliga a la realización por parte del Estado de las consultas comunitarias previas a la autorización de proyectos que afecten a sus territorios.
En respuesta a esta situación la Perifèries apoya el desarrollo de capacidades y espacios para que DDH que buscan la promoción y respeto de los Derechos Humanos en la zona norte de El Salvador y sur de Honduras puedan desempeñar su labor en condiciones de dignidad y seguridad.
